Acuciados aún
por oscuros designios de otros tiempos, los santiagueños asisten azorados a
la quinta semana de la
Primera Megacausa donde se juzga 44 hechos ocurridos
durante el Terrorismo de Estado imperante en la provincia durante el período de
1974 hasta 1983. Sentados en el banquillo de los acusados se encuentra gran
parte del aparato policial que fuera liderado por el Ex Jefe de la DIP (Dirección de
Informaciones Policiales) Comisario Musa Azar y un solo miembro del Ejército en
funciones en ese tiempo en el Batallón Ingenieros de Combate Nº 141 Mayor Jorge
D’amico.
Debido a
graves decisiones en la instrucción judicial de las causas, no se encuentran
todos los responsables del genocidio provincial, entre ellos el nexo entre
Bussi y el circuito represivo provincial: el Sargento Leopoldo Sanchez. “El
Coronel temblaba cuando llegaba Sanchez”, dijo el imputado Miguel Garbi, en
referencia al Coronel Daniel Correa Aldana (f) Jefe del Batallón. Ahora se
confirma que era el enviado directo de la bestia entreriana, ligado al aparato
de inteligencia del Ejército, el área operativa donde se diluyen las jerarquías
castrenses.
Numerosos
testimonios de las víctimas son coincidentes en describir la participación
necesaria del poder judicial en el entramado represivo, como asimismo de
algunos representantes de la
Iglesia santiagueña que visitaban a los prisioneros para horadar
la mente y el pensamiento del torturado.
El clima de
indefensión jurídica se agrava con la desaparición de los abogados Luis
Alejandro Lescano y Guillermo Miguel, realizados con el objetivo de agravar el
clima de impunidad, ya que había muy pocos abogados dispuestos a presentar
recursos de Habeas Corpus y/o asumir la defensa penal de las causas
relacionadas con la malhadada Ley 20.840, que ha fomentado enormemente la
tendencia constitucional a la represión por parte de las primeras formaciones
de la Triple A.
Los
responsables políticos de la represión se
encuentran vinculados directamente con
el anacrónico fetiche Carlos Arturo
Juarez y sus aliados estratégicos de la Democracia Cristiana
de Santiago del Estero, con quién Juarez compartió el poder durante toda su
larga estadía en la Casa
de Gobierno.
La sumisión de
la sociedad civil se revela en la discriminación sufrida por las víctimas de la
“Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Los testimonios son elocuentes en resaltar la angustia y dolor porque se
cerraban todas las puertas, no solamente a ellos sino también a su entorno
familiar, en las escuelas secundarias y universidades para retomar los estudios,
y/o la pérdida del empleo tanto en
oficinas privadas como públicas, nacionales, provinciales y municipales.
“Nadie se nos
acercaba”, dijeron los testimonios. La propaganda estilo goebbeliana había impuesto
bajo el signo del terror la condena social, y por lo tanto los subversivos eran apátridas,
es decir no pertenecían a la nación argentina, al menos eso decían los
portadores de la reserva moral de este país. El genocida Ramiro Lopez Velloso,
le puso un arma en la cabeza de un detenido mientras le decía “…con esto
defiendo a la Iglesia
y a la Patria
del comunismo…”, su mirada revela que aún sigue convencido que fue así.
La Megacausa refleja claramente la realidad social y política de la vida de
los santiagueños hace 38 años. La verdad viene llegando en el testimonio de las
compañeras que han recuperado sus bellas miradas crepusculares a partir del
momento que pudieron escuchar latir sus voces, mientras cae el genocida
convertido ahora en delincuente sexual. Amanece en Santiago, cada vez mas…
LUIS HORACIO SANTUCHO (Querellante de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos)
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