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LA MEGACAUSA SANTIAGUEÑA


Acuciados aún por oscuros designios de otros tiempos, los santiagueños asisten azorados a la  quinta semana de la  Primera Megacausa donde se juzga 44 hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado imperante en la provincia durante el período de 1974 hasta 1983. Sentados en el banquillo de los acusados se encuentra gran parte del aparato policial que fuera liderado por el Ex Jefe de la DIP (Dirección de Informaciones Policiales) Comisario Musa Azar y un solo miembro del Ejército en funciones en ese tiempo en el Batallón Ingenieros de Combate Nº 141 Mayor Jorge D’amico.

Debido a graves decisiones en la instrucción judicial de las causas, no se encuentran todos los responsables del genocidio provincial, entre ellos el nexo entre Bussi y el circuito represivo provincial: el Sargento Leopoldo Sanchez. “El Coronel temblaba cuando llegaba Sanchez”, dijo el imputado Miguel Garbi, en referencia al Coronel Daniel Correa Aldana (f) Jefe del Batallón. Ahora se confirma que era el enviado directo de la bestia entreriana, ligado al aparato de inteligencia del Ejército, el área operativa donde se diluyen las jerarquías castrenses.

Numerosos testimonios de las víctimas son coincidentes en describir la participación necesaria del poder judicial en el entramado represivo, como asimismo de algunos representantes de la Iglesia santiagueña que visitaban a los prisioneros para horadar la mente y el pensamiento del torturado.

El clima de indefensión jurídica se agrava con la desaparición de los abogados Luis Alejandro Lescano y Guillermo Miguel, realizados con el objetivo de agravar el clima de impunidad, ya que había muy pocos abogados dispuestos a presentar recursos de Habeas Corpus y/o asumir la defensa penal de las causas relacionadas con la malhadada Ley 20.840, que ha fomentado enormemente la tendencia constitucional a la represión por parte de las primeras formaciones de la Triple A.

Los responsables políticos de la represión  se encuentran  vinculados directamente con el  anacrónico fetiche Carlos Arturo Juarez y sus aliados estratégicos de la Democracia Cristiana de Santiago del Estero, con quién Juarez compartió el poder durante toda su larga estadía en la Casa de Gobierno.

La sumisión de la sociedad civil se revela en la discriminación sufrida por las víctimas de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Los testimonios son elocuentes en resaltar la angustia y dolor porque se cerraban todas las puertas, no solamente a ellos sino también a su entorno familiar, en las escuelas secundarias y universidades para retomar los estudios, y/o  la pérdida del empleo tanto en oficinas privadas como públicas, nacionales, provinciales y municipales.

“Nadie se nos acercaba”, dijeron los testimonios. La propaganda estilo goebbeliana había impuesto bajo el signo del terror la condena social,  y por lo tanto los subversivos eran apátridas, es decir no pertenecían a la nación argentina, al menos eso decían los portadores de la reserva moral de este país. El genocida Ramiro Lopez Velloso, le puso un arma en la cabeza de un detenido mientras le decía “…con esto defiendo a la Iglesia y a la Patria del comunismo…”, su mirada revela que aún sigue convencido que fue así.

La Megacausa refleja claramente la realidad social y política de la vida de los santiagueños hace 38 años. La verdad viene llegando en el testimonio de las compañeras que han recuperado sus bellas miradas crepusculares a partir del momento que pudieron escuchar latir sus voces, mientras cae el genocida convertido ahora en delincuente sexual. Amanece en Santiago, cada vez mas…

LUIS HORACIO SANTUCHO (Querellante de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos)

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