FUNDACION LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS
Tte. Gral. Juan Domingo Perón
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LA VOLUNTAD IMPERIALISTA INTENTA
FRENAR LAS DEMOCRACIAS POPULARES EN NUESTRA REGIÓN.
Las protestas salariales de personal de
Prefectura y Gendarmería se inscriben en un proceso más general de
desestabilización que se originan desde
las usinas de poder que responden a intereses monopólicos e imperiales, cuyo
principal lugarteniente local es el Grupo Clarín que no tolera que se
democratice la prensa.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó ajustar
jubilaciones de personal militar y de seguridad con valores adecuados a la
realidad social que vive nuestro país. En consecuencia, el Gobierno Nacional
dictó un decreto y apartándose del mismo la Prefectura Naval liquidó salarios
reduciendo ingresos a los escalafones inferiores y aumentando a los superiores,
es decir en la dirección opuesta a la ordenada. Es a nuestro criterio
impensable que se trate de un error y ello se corrobora con la persistencia del
“conflicto” una vez que, el Gobierno Nacional ordenara suspender los efectos del decreto. Es también impensable
que el Gobierno haya buscado un conflicto con dos fuerzas absolutamente
subordinadas a su política de seguridad.
Esta situación importa a nuestro entender,
el delito de sedición, por más que declaran sus voceros que no quieren
destituir a la Presidenta
y que están a favor del estado democrático, siendo su reclamo encubierto en el
discurso de obtener mejores salarios. Aún entendiendo su petición, consideramos
que la misma deberían formalizarla por la cadena de mandos que corresponde. La
rebelión está en sintonía con la revuelta policial en Ecuador en el 2011, el
juicio político golpista al Presidente Fernando Lugo en Paraguay, la caída del
Presidente constitucional en Honduras y los anteriores intentos en el Oriente
boliviano y en la
República Bolivariana de Venezuela que preside Hugo Chávez,
La sucesión de acciones de claros contenidos destituyentes como los furiosos
cacerolazos y la búsqueda de caos y violencia, como robos en serie, entre otros
atentados, intentan generar en la sociedad confusión para con ello, crear las
condiciones para restaurar el viejo régimen neoliberal y así hacer retroceder
las conquistas sociales obtenidas en estos últimos años, para someter
nuevamente a las grandes mayorías populares, a favor de los grupos económicos
locales y transnacionales.
A horas de la elección presidencial en la República de Venezuela,
las campañas maccartistas resuenan como en décadas pasadas: “de Argentina no se
puede salir, Venezuela apaña guerrilleros de las FARC, Evo Morales y Rafael
Correa promueven la violencia”. Todo descontento grande o pequeño, legítimo o
falso sirve para juntar agua para el molino de la “sensatez restauradora”.
No son campañas meramente verbales pues
ya han logrado su objetivo en dos naciones de la zona y promueven políticas de
erosión de la legitimidad popular en el resto. Las “divisiones” del campo
popular y democrático no parecen inocentes ni producto de la incomprensión de
ciertos dirigentes sino una verdadera contribución
al contexto necesario para restaurar las fuerzas de la reacción y destituir los
procesos populares. Cada vez que los pueblos respondieron con firmeza, unidad,
organización y decisión, los golpes de estado o sus remedos no prosperaron,
siendo de la mayor importancia la cláusula democrática de Ushuaia del Estatuto
de la UNASUR.
Por tanto puntualizamos que los errores o
imprecisiones de la implementaciones de las políticas que procuran la equidad
social no son fundamento para legitimar acciones antidemocráticas que el
Imperio impone cada vez que encuentra cualquier fisura que provoque conflictividad
social. Asi como el Gobierno debe extremar los cuidados para evitar estos
detalles, debemos alertar al pueblo que el conflicto de este tipo no es una
mera protesta social sino un hecho que se enhebra en una escalada destituyente
regional que apunta a restaurar el viejo orden en nuestra Patria Grande.
Cautela y firmeza, evitar provocaciones,
esclarecer y organizar son urgencias de nuestro pueblo. El esclarecimiento y
eventual castigo de las responsabilidades de quienes provocaron este alzamiento
y defender las democracias de la región con la fuerza de la ley y de la
legitimidad popular debe ser una tarea permanente.
No podemos permitir una sola ruptura del
orden democrático en la región ni forma alguna de concesión que debilite las
instituciones. Hoy mas que nunca reafirmamos nuestro compromiso en el juicio y
castigo a todos los culpables del genocidio cometido contra nuestro pueblo y
exigimos la inmediata desarticulación del aparato represivo y el control de las
agencias de seguridad.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.-
Leonel Mariano Curutchague – Raúl Schnabel – Luis Horacio
Santucho – Ricardo Fabio Riu
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