Transcurrían
días grises, otoñales, temblorosos, presagiando la tragedia argentina. Luis
Alberto Spinetta cantaba: “....ya no puedo más de soledad....si esto sigue así
ni una triste sombra quedara....”. Los diarios anunciaban el final de un
gobierno que ya había sido controlado por la Triple A, la organización criminal
de López Rega que había comenzado a funcionar como un Estado terrorista. El
diario El Liberal en su edición del 24 de Marzo tituló: “Todo indica la caída
del Gobierno”. El 27 de marzo la portada del mismo matutino decía: “El General
Videla Presidente de la Nación. Mientras un subtítulo rezaba: El FMI otorgó
crédito de 127, 6 millones de dólares. Martínez de Hoz representante del
liberalismo conservador se preparaba para aplicar el plan económico que
modificaría la estructura económica del país, condicionando severamente a los
sucesivos gobiernos democráticos.
Santiago
del Estero padecía la sombra macabra del Operativo Independencia, que se había
instalado regionalmente con el decreto presidencial Nº 261/75 firmado el día 5
de febrero de 1975 por la entonces Presidenta de la Nación María Estela
Martínez de Perón con la finalidad de “ejecutar las operaciones militares que
sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos
subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. El primer jefe de esta
operación militar fue el General de Brigada Acdel Vilas, quién arengaba en
estos términos: “...la guerra que se desarrollaba era eminentemente cultural,
ya que la guerrilla era solo la manifestación armada del proceso
subversivo...”. La instrucción presidencial fue con posterioridad ampliada y
extendida hacia todo el país mediante los decretos 2770, 2771 y 2772 emitidos
con fecha 7 de octubre de 1975.
La
justicia federal de la provincia de Tucumán en la causa Operativo Independencia
cuyo juicio oral se inicia a principios de mayo del presente año, ha dado por
acreditado que a partir de 1966, es decir durante la dictadura de Ongania, se
había iniciado un plan represivo ejecutado por las Fuerzas Armadas con
objetivos socio-economicos y políticos definidos y del cual el Operativo
Independencia implicó tan solo un cambio en la metodología represiva
implementado hasta ese momento.
Contemporáneamente
se inicia una nueva etapa de la represión en nuestra provincia, los grupos de
tareas locales comienzan a responder orgánicamente al Batallón de Inteligencia
Nº 142 de la provincia de Tucumán, como consecuencia de ello se inicia el
ataque sistemático contra la población civil santiagueña, estudiantes, obreros,
abogados, empleados públicos, entre otros ciudadanos vinculados a la militancia
política, o como el caso del Dr. Abdala Auad para resolver disputas de poder en
el ámbito empresarial, son secuestrados, privados ilegalmente de la libertad y
sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes, y posteriormente derivados
a los centros clandestinos de detención en la provincia de Tucumán.
Hasta
el momento el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAF) ha identificado
los restos de ocho santiagueño/as en
Pozo de Vargas, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Muchos
familiares siguen esperando honrar a sus muertos y otros la recuperación de los
nietos, hermanos o primos nacidos en cautiverio para que puedan ejercer el
derecho a la identidad y sus relaciones familiares.
El
trauma del terrorismo estatal sigue presente en nuestra provincia. La pasión
revolucionaria de una generación brillante de jóvenes santiagueños chicotea
como una pesadilla el cerebro de los vivos. Si algo aprendimos durante estos 40
años de lucha, memoria y militancia, es que la democracia tiene un valor
sustancial siempre y cuando su razón de ser sea inherente al respeto de los
Derechos Humanos.
Santiago
del Estero se apresta a conmemorar los 40 años del Golpe de Estado en el marco
del Bicentenario de la Independencia. La historia huele a jazmín y la verdad es
una madre con su pañuelo blanco.
LUIS HORACIO
SANTUCHO
Defensor Adjunto del
Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero
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