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Reflexiones en torno al asesinato de Chocobar


Desde el día 14 de abril de 1995, cuando ocurre el crimen político del obrero metalúrgico Victor Choque en la provincia de Tierra del Fuego, y a partir de allí  entre otros  del mismo tono político, Teresa Rodriguez en Neuquén, Anibal Verón, en Tartagal,  Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón, el docente Carlos Fuentealba nuevamente en Neuquén, hemos asistidos a hechos que han dejado huellas profundas en la conciencia social de nuestros tiempos y en todos los casos se han caracterizado por una importante repercusión pública que ha provocado la concusión del poder político.
Nada de ello ha sucedido con el asesinato del hermano diaguita Javier Chocobar ocurrido en Tucumán, justamente el día 12 de octubre del presente año, por parte de guardias blancas ligadas al Terrorismo de Estado.
¿Que pasa en la subjetividad política de nuestro país para que el crimen de un “indio” no tenga el  mismo tratamiento político de los otros casos?
Los filósofos indigenistas Rodolfo Kusch y Francisco René Santucho vislumbraron hace casi cincuenta años la imposibilidad del saber enciclopédico para percibir mínimamente el estar latinoamericano.
En el conflicto entre la corporación sojera con el gobierno en torno a la resolución 125, habíamos dicho desde el Frente Nacional Campesino que el sujeto social campesino indígena es escasamente visualizado en la Argentina.
En el mismo sentido la Comisión de Pueblos Originarios de Carta Abierta dijo en su reciente documento lo siguiente: “Esa barrera cognitiva que occidente se ha impuesto genera violencia y discriminación, pero también le ha impedido avanzar conociendo la complejidad del mundo, formas mas valiosas de relaciones entre los hombres, y entre estos y la naturaleza. Arte, estética y humanismo de los pueblos originarios de América son ignorados, poco conocidos y frecuentemente desdeñados. Aún compañeros progresistas, del campo nacional y popular están dominados y fuertemente condicionados por el saber eurocentrico y positivista.”.
El asesinato político que nos ocupa, sucedió en la comunidad de Chuschagasta, pero vino precedido de diversos y graves actos de racismo y discriminación contra el pueblo diaguita en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, donde la empresa Araoz Hermanos destruyó las viviendas de 40 familias pertenecientes a la comunidad de quilmes o en la provincia de Santiago del Estero, con la familia Bustingorri, miembros de la Sociedad Rural de Saladillo, provincia de Buenos Aires realizando actos de desalojo forzoso contra las comunidades diaguitas de Atamisqui, para mencionar sólo algunos ejemplos.
En realidad los terratenientes de la región con la complicidad implícita del poder político se niegan a dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y tratados internacionales que reconocen los derechos colectivos de las comunidades indígenas, especialmente la Ley Nº 26.120 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad  de los territorios de los pueblos originarios.
Recientemente el juez  de instrucción provincial que interviene en el crimen del hermano Chocobar dictó prisión preventiva contra el terrateniente Darío Amín y Luis “Niño” Gomez. A pesar de la importancia de la resolución judicial, es necesario destacar, que los pueblos originarios vienen reclamando a través de sus representantes legales que se declare causa federal las relaciones jurídicas indígenas y la tipificación de delitos de lesa humanidad a los hechos descriptos anteriormente conforme a las determinaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por nuestro país el 2 de febrero del 2001.
El actual juez de nuestro máximo tribunal de justicia, Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, en tiempos de su gestión al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dijo  que una de las características estructurales del discurso racista es una suerte de falso humanitarismo, y que las hipócritas invocaciones a la tutuela o piedad de los inferiores deja el camino expedito para los “visionarios políticos” y sus sicarios.
Lamentablemente, esta opinión de un ministro de la Corte Suprema de la Nación, no puede realizarse en la vida de los pueblos originarios y campesinos, porque el racismo, la discriminación y el olvido, entre otros malestares culturales, sigue siendo una falla ética que contamina abrumadoramente nuestra sociedad civil y política.
Luis Horacio Santucho
(Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos)
Santiago del Estero 23 de Noviembre del 2009

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